Categories
Updates

ISDF Townhall

Categories
COVID-19 Updates

COVID-19 Demandas

Desde 2015, la coalición Invest in San Diego Families (ISDF) se ha unido en torno a la visión del condado de San Diego como un lugar donde todas las familias prosperan, independientemente del código postal, la raza, el lugar de origen o los ingresos.

La pandemia de COVID-19 ha dejado al descubierto cuán lejos aún tenemos que llegar para alcanzar estos objetivos. Ha dejado en claro que no podemos simplemente “seguir adelante con los negocios como de costumbre”. Debemos rehacer este sistema para garantizar que todas las personas, sin excepciones, puedan prosperar.

Este es un momento en el que debemos apoyarnos el uno con el otro a través de nuestras diferencias y contra cualquier cosa y cualquier persona que busque dividirnos.

La Coalición de Familias Invest in San Diego exige que el Condado de San Diego promulgue las siguientes medidas enfocándose en la ayuda inmediata para construir las bases para la recuperación.

Únase a nosotros para llamar a nuestra Junta de Supervisores a que tomen medidas audaces para garantizar que todas nuestras comunidades prosperen.

Transparencia e información para todos

● Las comunicaciones oficiales sobre el brote de COVID-19 deben proporcionarse simultáneamente en Español, Vietnamita, Somali, Chino, Tagalo y otros idiomas que se hablan en los hogares de San Diego, además del inglés. Las conferencias de prensa deben compartirse con subtítulos en varios idiomas.

● Crear un plan de alcance específico y sólido, modelado a partir de la colaboración de alcance del censo. El Condado debe contratar a un equipo de Embajadores de Recursos Comunitarios de Emergencia de comunidades designadas por el censo difíciles de contar para proporcionar información vital a los grupos vulnerables.

● Todas las comunicaciones del Condado de San Diego sobre el brote de COVID-19 deben presentarse en plataformas (redes sociales, televisión, medios impresos, radio, en línea, etc.) que sean culturalmente relevantes, accesibles para personas de todas las generaciones y entregadas por mensajeros confiables, incluida la juventud.

● Proporcionar acceso público a Internet de banda ancha confiable y sin costo para todos.

● Recopilar e informar datos demográficos sobre quién se está haciendo la prueba para COVID-19, quién da positivo y quién ha muerto por el virus o las complicaciones del virus. Nos gustaría compartir información para las siguientes categorías: raza, género, etnia, discapacidad y si el individuo era un trabajador esencial. El racismo implícito y explícito ha impulsado históricamente las respuestas del gobierno a situaciones urgentes de salud. Las disparidades de financiación en comunidades de color han llevado al cierre de hospitales; escasez de médicos y enfermeras de primera línea; mayor incidencia de afecciones crónicas, como hipertensión, diabetes y enfermedades del corazón; hacinamiento de viviendas; y falta de atención de calidad para ancianos. Recopilar esta información asegurará que comprendamos y rastreemos el impacto de COVID-19 en nuestra comunidad.

Cuidado de salud para todos

● Los centros de prueba y tratamiento sin costo deben ubicarse en todo el condado, priorizando las comunidades de bajos ingresos, las comunidades con altos porcentajes de casos confirmados de COVID-19 y las áreas con acceso limitado a centros de atención médica más pequeños. Las pruebas y el tratamiento deben estar disponibles para todas las personas, independientemente de su estado migratorio.

● Las instalaciones de atención médica deben declararse y publicitarse como zonas seguras, donde no se puede aplicar la ley de inmigración.

● Los nuevos solicitantes de Medi-Cal deben ser considerados elegibles e inscritos de inmediato.

● Todos los San Dieguinos sin seguro de salud deben estar totalmente cubiertos por Medi-Cal (cobertura financiada por CA), incluidas las personas con trastorno por abuso de sustancias, independientemente de su estado migratorio.

● Las compañías de seguros de salud deben tener prohibido expulsar a las personas de su seguro por cualquier motivo. Los deducibles y los copagos deben suspenderse para toda la atención durante esta crisis.

● Servicios de asesoramiento y tutoría sin costo, especialmente para los jóvenes, que se puedan hacer virtualmente por teléfono, texto y / o video.

● Productos de higiene femenina gratuitos disponibles en los centros de distribución de alimentos.

Vivienda de emergencia

● Ordenanza de emergencia para evitar que los propietarios desalojen a los inquilinos de su hogar.

● Los pagos de alquiler e hipoteca deben congelarse mientras COVID-19 afecte a las personas. Cualquier deuda de alquiler e hipoteca acumulada durante este período debe ser perdonada.

● Crear un programa de asistencia de alquiler.

● Moratoria en los cortes de servicios públicos (incluidos los servicios de agua, gas, electricidad, internet y telefonía celular), eliminando los cargos por demora e implementando planes de pago diferido.

● Detenga TODAS las solicitudes de desalojo y prohíba la aplicación del desalojo hasta que termine la crisis.

● Vivienda de emergencia para toda la población sin refugio. Vivienda a disposición:

  • Hoteles y otras estructuras existentes.
  • Todos los bienes de propiedad pública y las unidades de vivienda vacantes, incluidas las unidades de lujo.

Acceso a alimentos para todos los San Dieguinos

● Aumentar la capacidad de 2-1-1 para atender las solicitudes de asistencia alimentaria.

● Utilizar los fondos y recursos del condado para expandir las comidas a domicilio con un enfoque particular en las comidas para personas de la tercera edad, personas inmunodeprimidas y comunidades rurales donde existe una necesidad significativa.

  • Aumentar los fondos para las comidas sobre ruedas, sirviendo a las personas mayores y otros proveedores para expandir los servicios y garantizar que nuestros ancianos tengan acceso a asistencia alimentaria segura contra la propagación del virus.
  • Conectar activamente a los proveedores de comidas con redes de transporte ampliadas.

● Proporcionar materiales de salud pública (como estaciones de lavado de manos) para los sitios en todo el condado que sirven comidas a la comunidad, incluidas las escuelas y los centros para personas mayores.

● Desarrollar mensajes públicos sobre la carga pública y el impacto en la recepción de asistencia alimentaria.

Protecciones para trabajadores

• Implementar medidas de seguridad y salud en el lugar de trabajo para todos los empleados del condado, incluidos desinfectantes para manos, guantes desechables y otros equipos de protección personal, así como desinfección de espacios de trabajo, información y capacitación, y otro tipo de apoyo para los empleados.

• Instituir políticas de teletrabajo accesibles y equitativas para los empleados del condado que permitan a aquellos cuyo trabajo puede realizarse parcial o totalmente fuera de las instalaciones del condado para trabajar de forma remota con el apoyo necesario para tener éxito.

• Proporcionar licencia totalmente pagada a los empleados del condado que no pueden trabajar debido al cierre de su lugar de trabajo, su salud personal y la salud y el bienestar de los niños y otros miembros de la familia, sin el uso del tiempo acumulado o el pago atracado.

• Abogar a nivel estatal por el seguro de desempleo o ayuda equivalente (seguridad alimentaria, alquiler / hipoteca y asistencia de servicios públicos), para que sea accesible de inmediato para todos los trabajadores que han sido despedidos, se les ha reducido el horario o no pueden trabajar, independientemente de su empleo. clasificación o estado migratorio.

• Abogar a nivel estatal para ampliar la cantidad de UI al 100% del salario para los trabajadores que ganan menos de $ 80k por año, durante el período de crisis.

• Requerir que todos los empleadores que soliciten exenciones de tarifas, subsidios, etc. y todos los contratistas del Condado acepten adherirse a todas las políticas de licencia por enfermedad remuneradas nuevas y existentes, y que retiren a los empleados despedidos durante esta crisis antes de contratar a nuevos empleados, por al menos 6 meses.

• El personal del condado debe asociarse con organizaciones comunitarias para brindar apoyo centralizado a los trabajadores durante esta crisis, para garantizar que las personas trabajadoras conozcan sus derechos y puedan obtener asistencia para acceder a programas y servicios.

Instalaciones de detención y cárceles

● Priorizar la liberación inmediata de las personas más vulnerables. Los adultos mayores y aquellos con afecciones médicas graves y fragilidad enfrentan un mayor riesgo de infección. Las condiciones que pueden aumentar el riesgo de infección incluyen diabetes, enfermedad cardíaca, asma, enfermedad pulmonar y VIH.

● Liberar a los delincuentes de bajo nivel en su propio reconocimiento que no representará un riesgo grave de seguridad física para la comunidad. Liberación inmediata de cualquier persona dentro de los seis meses posteriores a la finalización de su condena y de todas las personas acusadas de un delito que no implique un riesgo grave de seguridad física para la comunidad.

● La oficina del fiscal de distrito debe rechazar los cargos penales siempre que sea posible y buscar alternativas de desvío.

● Proporcionar acceso a llamadas telefónicas gratuitas.

● Trabajar con los Servicios Humanos y de Salud del Condado de San Diego para proporcionar referencias de vivienda y vales para cualquier persona sin refugio. Permita que las personas liberadas se comuniquen con su familia y / o sistema de apoyo para notificarles sobre su liberación pendiente y proporcionar un tiempo estimado de liberación.

● Detener inmediatamente las transferencias a la custodia de inmigración. Detener todas las transferencias voluntarias a las autoridades federales de inmigración, a menos que sea de conformidad con una orden judicial o de otro modo requerido por la ley. Esto incluye transferencias de custodia y cada vez que el Sheriff entrega a alguien a las autoridades de inmigración en áreas no públicas de sus instalaciones o facilita el arresto de esa persona.

● Desarrollar planes para abordar el virus en una instalación lo antes posible. Tener un plan apropiado basado en evidencia puede ayudar a prevenir un brote y minimizar su impacto si ocurre.

● Liberar a los jóvenes bajo custodia. Apoyamos las recomendaciones emitidas por el Centro de Defensa Juvenil del Pacífico para liberar a todos los jóvenes bajo custodia, que incluyen:

● Los jóvenes que presentan poca o ninguna amenaza a la seguridad pública deben ser liberados de inmediato.

  • Liberación inmediata de todos los jóvenes prejudicados.
  • Liberación inmediata de todos los jóvenes posteriores a la adjudicación detenidos por infracciones técnicas de libertad condicional.
  • Para los jóvenes bajo custodia en espera de colocación residencial, liberación inmediata ya sea a un miembro de la familia, un hogar grupal residencial o un entorno diferente sin custodia.
  • Suspender la detención por nuevos arrestos en casos de bajo nivel, incluidos todos los delitos menores y delitos no violentos.
  • Todas las agencias de detención deben citar y liberar a todos los jóvenes que son elegibles en lugar de reservarlos y potencialmente introducir COVID-19 en los centros de detención juvenil.

Si hay jóvenes que permanecen bajo custodia, recomendamos:

● Actualizaciones públicas diarias para ofrecer una transparencia total de los pasos tomados para controlar la salud, incluidos controles y pruebas de salud para aquellos que muestran síntomas.

● Para aquellos que deben estar aislados, un tratamiento que coincida con las mejores prácticas de atención informada sobre el trauma y una total transparencia con respecto a estos pasos.

● Rechazar los cargos penales siempre que sea posible y diríjase a las soluciones de la Agencia de Atención Médica, la comunidad y los tribunales civiles con fecha de devolución seis meses después de la fecha del supuesto incidente. Para los cargos no rechazados, reduzca la mayor cantidad posible a citaciones o cargos sin orden de arresto, sin fecha de devolución, seis meses después de la fecha del supuesto incidente.

● Liberar a todos los adultos médicamente frágiles y adultos mayores de 55 años en interés de la justicia, de conformidad con la Sección 1170 (d) (1) del Código Penal.

● Liberar de inmediato a cualquier persona dentro de los seis meses posteriores a la finalización de su condena y a todas las personas acusadas de un delito que no implique un riesgo grave de seguridad física para la comunidad en interés de la justicia, de conformidad con la Sección 1170 (d) (1) del Código Penal. Esto incluye violaciones técnicas de libertad condicional o libertad condicional, independientemente del delito subyacente.

● Implementar inmediatamente una política previa al juicio que requiera que todos los fiscales aboguen por la liberación previa al juicio de todas las personas, a menos que exista evidencia clara de que la liberación presentaría un riesgo irrazonable para la seguridad física de la comunidad.

Categories
COVID-19 Updates

COVID-19 Demands

Since 2015, the Invest in San Diego Families coalition has united around the vision of San Diego County as a place where all families thrive, regardless of zip code, race, place of origin, or income.

The COVID-19 pandemic has laid bare how far we still have to go in meeting these goals. It has made clear that we cannot simply move forward with business as usual. We must remake this system to ensure every person – no exceptions – can thrive.

This is a moment where we must stand with and for each other across our differences and against anything and anyone who seeks to divide us.

The Invest in San Diego Families Coalition demands the County of San Diego enact the following measures focusing on immediate relief to build the foundation for recovery.

Join us to call on our Board of Supervisors to take bold steps and actions to ensure all our communities are thriving.

La version en ESPAÑOL de esta carta se encuentra aquí https://investinsdfamilies.org/2020/04/06/covid-19-demandas/

Transparency and Information for All

● Official communications about the COVID-19 outbreak must be provided simultaneously in Spanish, Vietnamese, Somali, Chinese, Tagalog, and other languages spoken in San Diegan households, in addition to English. Press conferences should be shared with subtitles in multiple languages.

● Create a targeted and robust outreach plan, modeled after the census outreach collaboration. The County should hire a team of Community Emergency Resource Ambassadors from census designated hard-to-count communities to provide vulnerable groups vital information.

● All County of San Diego communications about the COVID-19 outbreak must be presented on platforms (social media, television, print media, radio, online, etc.) that are culturally relevant, accessible to people of all generations and delivered by trusted messengers, including youth.

● Provide public no-cost reliable broadband internet access for all.

● Collect and report demographic data on who is being tested for COVID-19, who tests positive and who has died from the virus or complications from the virus. We would like information shared for the following categories: race, gender, ethnicity, disability and whether the individual was an essential worker. Implicit and explicit racism has often historically driven government responses to urgent health situations. Funding disparities in communities of color have led to hospital closures; shortages of frontline doctors and nurses; higher incidences of chronic conditions, such as hypertension, diabetes, and heart disease; housing overcrowding; and lack of quality elder care. Collecting this information will ensure that we understand and track the impact of COVID-19 in our community.

Health Care for All

●  No cost testing and treatment centers must be located throughout the county, prioritizing low-income communities, communities with high percentages of confirmed COVID-19 cases and areas with limited access to or smaller health care centers. Testing and treatment must be available to all people, regardless of immigration status.

●  Health care facilities should be declared and publicized as safe zones, where no immigration enforcement can take place.

● New Medi-Cal applicants should be presumed eligible and immediately enrolled.

● All San Diegans without health insurance should be fully covered by Medi-Cal (CA funded coverage), including people with substance abuse disorder, regardless of immigration status.

● Health insurance companies should be forbidden from kicking people off their insurance for any reason. Deductibles and copays should be suspended for all care during this crisis.

●  No cost counseling and mentoring services, especially for youth, that can be done virtually via phone, text, and/or video.

Emergency Housing

● Emergency ordinance to stop landlords from evicting tenants from their home.

●  Rent and mortgage payments must be frozen for as long as people are impacted by COVID-19. Any rent and mortgage debt accumulated during this period must be forgiven.

●  Create a rental assistance program.

●  Moratorium on utility shut-offs (including water, gas, electric, internet, and cell phone service), eliminating late fees, and implementing deferred payment plans.

.●  Stop ALL eviction filings and prohibit eviction enforcement until the crisis is over.

●  Emergency housing for all of the unsheltered population. Housing to be made available:

  • Hotels and other existing structures.
  • All publicly owned property and vacant housing units – including luxury units.

Food Access for Every San Diegan

●  Increase capacity for 2-1-1 to field requests for food assistance.

●  Utilize county funds and resources to expand home delivered meals with a particular focus on meals for seniors, individuals who are immune compromised, and rural communities where there is significant need.

  • Increase funding for meals on wheels, serving seniors, and other providers to expand those served and ensure our elderly have access to food assistance that is safe from the spread of the virus.
  • Actively connect meal providers to expanded networks of transportation

●  Provide public health materials (like hand washing stations) for sites across the county serving meals to the community, including schools and senior centers.

●  Develop public messaging about public charge and impact on receipt of food assistance.

Protections for Workers

  • Implement workplace health and safety measures for all county employees, including hand sanitizer, disposable gloves, and other Personal Protective Equipment, as well as sanitization of workspaces, information and training, and other support for employees.
  • Advocate at the state level for unemployment insurance or equivalent aid (food security, rent/mortgage and utility assistance), to be immediately accessible for all workers who have been laid off, had their hours cut, or otherwise cannot work, regardless of employment classification or immigration status.
  •  Advocate at the state level to expand the amount of UI to 100% of salary for workers earning under $80k per year, during the crisis period.
  • County staff should partner with community organizations to provide centralized support to workers during this crisis, to ensure that working people know their rights and are able to get assistance with accessing programs and services
  •  Require all employers asking for fee waivers, subsidies, etc. and all County contractors to agree to adhere to all new and existing paid sick leave policies, and to recall employees laid off during this crisis before hiring any new employees, for at least 6 months.
  •  Institute accessible and equitable telecommuting policies for county employees allowing those whose work can be partially or entirely performed outside of a County facility to work remotely with the support necessary to be successful.
  • Provide fully paid leave to county employees who are unable to work due to the closure of their workplace, their personal health, and the health and welfare of children and other family members without use of accrued time or being docked pay.

Detention Facilities and Jails

● Prioritize immediate release of people who are most vulnerable. Older adults and those with serious medical conditions and fragility face a higher risk for infection. The conditions that can increase one’s risk of infection include diabetes, heart disease, asthma, lung disease, and HIV.

● Release low-level offenders on their own recognizance that will not pose a serious physical safety risk to the community. Immediate release of anyone within six months of completing their sentence and all individuals charged with an offense that does not involve a serious physical safety risk to the community.

● The DA’s office should decline criminal charges whenever possible and pursue diversion alternatives.

● Provide access to free telephone calls.

● Work with the San Diego County Health and Human Services to provide housing referrals and vouchers for any unsheltered people. Allow persons released to contact their family and/or support system to notify them of their pending release and provide an estimated release time.

● Immediately stop transfers into immigration custody. Stop all voluntary transfers to federal immigration authorities, unless it is pursuant to a judicial warrant or otherwise required by law. This includes custodial transfers and any time the Sheriff turns someone over to immigration authorities in nonpublic areas of their facility or otherwise facilitates that person’s arrest.

●  Develop plans to address the virus in a facility as soon as possible. Having an appropriate, evidence-based plan in place can help prevent an outbreak and minimize its impact if one does occur.

●  Release Youth in Custody. We support the recommendations issued by the Pacific Juvenile Defense Center to release all youth in custody, including:

  •  Youth who present little to no public safety threat must be released immediately.
  •  Immediate release of all pre-adjudication youth.
  •  For youth in custody awaiting residential placement, immediate release either to a family member, a residential group home, or a different non-custodial setting.
  •  Suspend detention for new arrests on low-level cases, including all misdemeanors and non-violent felonies.
  • All arresting agencies should cite and release all youth who are eligible rather than booking them and potentially introducing COVID-19 into juvenile detention facilities.

If there are youth who remain in custody, we recommend:

● Daily public updates to offer full transparency of steps taken to monitor health, including health checks and tests for those who are showing symptoms.

● For those who must be isolated, treatment that comports with best practices of trauma-informed care and full transparency regarding these steps.

● Decline criminal charges whenever possible and divert to the Health Care Agency, community, and civil court solutions with return date six months from date of alleged incident. For charges not declined, reduce as many as possible to citations or non- warrant, non-arrest charges, with return date six months from date of alleged incident.

● Release all medically fragile adults and adults over the age of 55 in the interest of justice, pursuant to Penal Code Section 1170(d)(1).

●   Immediately release anyone within six months of completing their sentence and all individuals charged with an offense that does not involva serious physical safety risk to the community in the interest of justice, pursuant to Penal Code Section 1170(d)(1). This includes technical violations of parole or probation regardless of the underlying offense.

●  Immediately implement a pretrial policy that requires all prosecutors to advocate for the pretrial release of all individuals, unless there is clear evidence that release would present an unreasonable risk to the physical safety of the community.

Childcare

  • Provide immediate childcare funding for essential workers, including healthcare and healthcare staff, social services workers, first responders and those in the food supply chain i.e. farmworkers, grocery clerks, food delivery personnel; waive family fees for all subsidized childcare programs and increase subsidized childcare for families earning less than 250% FPL. – Pay providers to cover ongoing and COVID-19 related operating costs while they are closed for public health reasons, or open but with reduced enrollment to serve children of essential workers.- Pay providers to cover ongoing and COVID-19 related operating costs while they are closed for public health reasons, or open but with reduced enrollment to serve children of essential workers.
Categories
COVID-19 Updates

COVID-19 Resources and Information

During these times of crisis we must step up to advocate for, and serve, our communities. In our continuous efforts to support our communities we have compiled this list of resources and information regarding COVID-19.

Given the rapidly evolving situation we will try to update the page as regularly as possible.

Please visit the San Diego County website for the latest updates regarding COVID-19 or text COSD COVID19 to 468-311 and visit San Diego 211 for more information

Recursos en ESPAÑOL


Resources

Workers Rights

Healthcare Access

Food Assistance

Immigrant Families & Individuals Assistance

Legal Assistance

Housing


Categories
Uncategorized

The People’s State of the County

Invest in San Diego Families Coalition Will Hold an Event to Present Its Vision to Transform San Diego County

San Diego – Members of the Invest in San Diego Families (ISDF) coalition, including residents, workers, community organizations, unions and faith-based organizations, will present on Wednesday the People’s State of the County, an aspirational platform to make San Diego County a place where all families can thrive.

For too long, the San Diego County Board of Supervisors has focused policies and budgets that ignore many of the people that the supervisors were elected to represent, including historically underserved communities, working families and immigrants. The result is a county where many people struggle to find affordable housing, find work that pays a living wage and access the public services they need.

ISDF’s will urge county leaders to allocate much needed resources to our struggling communities and ensure the safety and well-being of all county residents. We deserve a county that upholds our values of compassion, community, transparency and accountability.

Please join us for this important news event.

WHAT:  ISDF presents the People’s State of the County.

WHEN:  Wednesday, Feb. 19, 2020 at 5 p.m.

WHERE: County Administration Building,1600 Pacific Hwy., San Diego, CA 92101.

    Corner of Harbor Dr. and Ash St.

We encourage all people to come out and hear ISDF’s vision for the County and commit to joining our fight.

###

Invest in San Diego Families is a county-wide coalition of residents and organizations working toward a San Diego where all families and communities thrive.

Coalition members include: Alliance of Californians for Community Empowerment (ACCE) Action, ACLU of San Diego and Imperial Counties, Business for Good, Center on Policy Initiatives, Chicano Federation, Employee Rights Center, Environmental Health Coalition, Interfaith Worker Justice of San Diego County, Mid-City Community Advocacy Network, San Diego Organizing Project, SEIU Local 221, and Youth Will.

Categories
Uncategorized

County Budget a Step in the Right Direction

On June 25, the Board of Supervisors unanimously passed the 2019-2020 and 2020-2021 budget. It is a $6.24 billion budget that increases investment in mental health, public health and child welfare. It has an additional $29.5 million, from the May County Administrative Officer’s budget proposal, mostly made up of Health and Human Services investment.
This was a very different budget than previous years and it shows that your hard work as part of the Invest in San Diego Families coalition has an impact on the Board of Supervisors. Without the more than 600 people who attended the Evening Budget Hearing – and more than 100 who testified – this wouldn’t have happened.
For a generation, San Diego County has under-invested in staffing and services and San Diegans have suffered. The Board took a step in the right direction by approving a budget that includes more investment in critical areas including child welfare, behavioral health, public health and self-sufficiency services. But it is still not enough. We will keep fighting to make sure that the Board invests in a San Diego that works for everyone.
Some highlights in the 2019-2020 and 2020-2021 budget

  • 143.5 Behavioral Health Services positions -177 long-term beds and a total behavioral health budget of $708 million, a $54.7 increase from last year
  • 125 Child Welfare Services positions
  • 29 Aging and Independence Services positions
  • 27.5 Public Health Nurses and oversight positions, and $1 million added to support services
  • 15 self-sufficiency outreach positions to enroll people in vital County services
  • 11 Housing and Community Development Services positions – $25 million added to Innovative Housing Trust Fund
  • 9 additional Air Pollution Control District positions and $19 million in funds for Community Air Protection Program for Portside Environmental Justice Communities
  • 6 homeless services positions
  • 5 administrative and facility support service positions for Health and Human Services
  • 4 veteran services positions
  • 3 new staff to support the Climate Action Plan implementation
  • An additional attorney and 4 support staff for the Fresh Start Program. This program puts ex-offenders directly in touch with a Public Defender who is working to determine if they are eligible to have their criminal record cleared
  • An Environmental Grant Writer
  • A Certified Nutritionist
  • An additional Refugee Health Coordinator
  • $300,000 to expand the San Diego Nights Program to 10 more locations
  • $200,000 to the Office of Public Defender to provide specialized immigration counsel to those in legal proceedings

Follow this link to watch video of the 2019 Evening Budget Hearing testimony.