Desde 2015, la coalición Invest in San Diego Families (ISDF) se ha unido en torno a la visión del condado de San Diego como un lugar donde todas las familias prosperan, independientemente del código postal, la raza, el lugar de origen o los ingresos.
La pandemia de COVID-19 ha dejado al descubierto cuán lejos aún tenemos que llegar para alcanzar estos objetivos. Ha dejado en claro que no podemos simplemente “seguir adelante con los negocios como de costumbre”. Debemos rehacer este sistema para garantizar que todas las personas, sin excepciones, puedan prosperar.
Este es un momento en el que debemos apoyarnos el uno con el otro a través de nuestras diferencias y contra cualquier cosa y cualquier persona que busque dividirnos.
La Coalición de Familias Invest in San Diego exige que el Condado de San Diego promulgue las siguientes medidas enfocándose en la ayuda inmediata para construir las bases para la recuperación.
Únase a nosotros para llamar a nuestra Junta de Supervisores a que tomen medidas audaces para garantizar que todas nuestras comunidades prosperen.
Transparencia e información para todos
● Las comunicaciones oficiales sobre el brote de COVID-19 deben proporcionarse simultáneamente en Español, Vietnamita, Somali, Chino, Tagalo y otros idiomas que se hablan en los hogares de San Diego, además del inglés. Las conferencias de prensa deben compartirse con subtítulos en varios idiomas.
● Crear un plan de alcance específico y sólido, modelado a partir de la colaboración de alcance del censo. El Condado debe contratar a un equipo de Embajadores de Recursos Comunitarios de Emergencia de comunidades designadas por el censo difíciles de contar para proporcionar información vital a los grupos vulnerables.
● Todas las comunicaciones del Condado de San Diego sobre el brote de COVID-19 deben presentarse en plataformas (redes sociales, televisión, medios impresos, radio, en línea, etc.) que sean culturalmente relevantes, accesibles para personas de todas las generaciones y entregadas por mensajeros confiables, incluida la juventud.
● Proporcionar acceso público a Internet de banda ancha confiable y sin costo para todos.
● Recopilar e informar datos demográficos sobre quién se está haciendo la prueba para COVID-19, quién da positivo y quién ha muerto por el virus o las complicaciones del virus. Nos gustaría compartir información para las siguientes categorías: raza, género, etnia, discapacidad y si el individuo era un trabajador esencial. El racismo implícito y explícito ha impulsado históricamente las respuestas del gobierno a situaciones urgentes de salud. Las disparidades de financiación en comunidades de color han llevado al cierre de hospitales; escasez de médicos y enfermeras de primera línea; mayor incidencia de afecciones crónicas, como hipertensión, diabetes y enfermedades del corazón; hacinamiento de viviendas; y falta de atención de calidad para ancianos. Recopilar esta información asegurará que comprendamos y rastreemos el impacto de COVID-19 en nuestra comunidad.
Cuidado de salud para todos
● Los centros de prueba y tratamiento sin costo deben ubicarse en todo el condado, priorizando las comunidades de bajos ingresos, las comunidades con altos porcentajes de casos confirmados de COVID-19 y las áreas con acceso limitado a centros de atención médica más pequeños. Las pruebas y el tratamiento deben estar disponibles para todas las personas, independientemente de su estado migratorio.
● Las instalaciones de atención médica deben declararse y publicitarse como zonas seguras, donde no se puede aplicar la ley de inmigración.
● Los nuevos solicitantes de Medi-Cal deben ser considerados elegibles e inscritos de inmediato.
● Todos los San Dieguinos sin seguro de salud deben estar totalmente cubiertos por Medi-Cal (cobertura financiada por CA), incluidas las personas con trastorno por abuso de sustancias, independientemente de su estado migratorio.
● Las compañías de seguros de salud deben tener prohibido expulsar a las personas de su seguro por cualquier motivo. Los deducibles y los copagos deben suspenderse para toda la atención durante esta crisis.
● Servicios de asesoramiento y tutoría sin costo, especialmente para los jóvenes, que se puedan hacer virtualmente por teléfono, texto y / o video.
● Productos de higiene femenina gratuitos disponibles en los centros de distribución de alimentos.
Vivienda de emergencia
● Ordenanza de emergencia para evitar que los propietarios desalojen a los inquilinos de su hogar.
● Los pagos de alquiler e hipoteca deben congelarse mientras COVID-19 afecte a las personas. Cualquier deuda de alquiler e hipoteca acumulada durante este período debe ser perdonada.
● Crear un programa de asistencia de alquiler.
● Moratoria en los cortes de servicios públicos (incluidos los servicios de agua, gas, electricidad, internet y telefonía celular), eliminando los cargos por demora e implementando planes de pago diferido.
● Detenga TODAS las solicitudes de desalojo y prohíba la aplicación del desalojo hasta que termine la crisis.
● Vivienda de emergencia para toda la población sin refugio. Vivienda a disposición:
- Hoteles y otras estructuras existentes.
- Todos los bienes de propiedad pública y las unidades de vivienda vacantes, incluidas las unidades de lujo.
Acceso a alimentos para todos los San Dieguinos
● Aumentar la capacidad de 2-1-1 para atender las solicitudes de asistencia alimentaria.
● Utilizar los fondos y recursos del condado para expandir las comidas a domicilio con un enfoque particular en las comidas para personas de la tercera edad, personas inmunodeprimidas y comunidades rurales donde existe una necesidad significativa.
- Aumentar los fondos para las comidas sobre ruedas, sirviendo a las personas mayores y otros proveedores para expandir los servicios y garantizar que nuestros ancianos tengan acceso a asistencia alimentaria segura contra la propagación del virus.
- Conectar activamente a los proveedores de comidas con redes de transporte ampliadas.
● Proporcionar materiales de salud pública (como estaciones de lavado de manos) para los sitios en todo el condado que sirven comidas a la comunidad, incluidas las escuelas y los centros para personas mayores.
● Desarrollar mensajes públicos sobre la carga pública y el impacto en la recepción de asistencia alimentaria.
Protecciones para trabajadores
• Implementar medidas de seguridad y salud en el lugar de trabajo para todos los empleados del condado, incluidos desinfectantes para manos, guantes desechables y otros equipos de protección personal, así como desinfección de espacios de trabajo, información y capacitación, y otro tipo de apoyo para los empleados.
• Instituir políticas de teletrabajo accesibles y equitativas para los empleados del condado que permitan a aquellos cuyo trabajo puede realizarse parcial o totalmente fuera de las instalaciones del condado para trabajar de forma remota con el apoyo necesario para tener éxito.
• Proporcionar licencia totalmente pagada a los empleados del condado que no pueden trabajar debido al cierre de su lugar de trabajo, su salud personal y la salud y el bienestar de los niños y otros miembros de la familia, sin el uso del tiempo acumulado o el pago atracado.
• Abogar a nivel estatal por el seguro de desempleo o ayuda equivalente (seguridad alimentaria, alquiler / hipoteca y asistencia de servicios públicos), para que sea accesible de inmediato para todos los trabajadores que han sido despedidos, se les ha reducido el horario o no pueden trabajar, independientemente de su empleo. clasificación o estado migratorio.
• Abogar a nivel estatal para ampliar la cantidad de UI al 100% del salario para los trabajadores que ganan menos de $ 80k por año, durante el período de crisis.
• Requerir que todos los empleadores que soliciten exenciones de tarifas, subsidios, etc. y todos los contratistas del Condado acepten adherirse a todas las políticas de licencia por enfermedad remuneradas nuevas y existentes, y que retiren a los empleados despedidos durante esta crisis antes de contratar a nuevos empleados, por al menos 6 meses.
• El personal del condado debe asociarse con organizaciones comunitarias para brindar apoyo centralizado a los trabajadores durante esta crisis, para garantizar que las personas trabajadoras conozcan sus derechos y puedan obtener asistencia para acceder a programas y servicios.
Instalaciones de detención y cárceles
● Priorizar la liberación inmediata de las personas más vulnerables. Los adultos mayores y aquellos con afecciones médicas graves y fragilidad enfrentan un mayor riesgo de infección. Las condiciones que pueden aumentar el riesgo de infección incluyen diabetes, enfermedad cardíaca, asma, enfermedad pulmonar y VIH.
● Liberar a los delincuentes de bajo nivel en su propio reconocimiento que no representará un riesgo grave de seguridad física para la comunidad. Liberación inmediata de cualquier persona dentro de los seis meses posteriores a la finalización de su condena y de todas las personas acusadas de un delito que no implique un riesgo grave de seguridad física para la comunidad.
● La oficina del fiscal de distrito debe rechazar los cargos penales siempre que sea posible y buscar alternativas de desvío.
● Proporcionar acceso a llamadas telefónicas gratuitas.
● Trabajar con los Servicios Humanos y de Salud del Condado de San Diego para proporcionar referencias de vivienda y vales para cualquier persona sin refugio. Permita que las personas liberadas se comuniquen con su familia y / o sistema de apoyo para notificarles sobre su liberación pendiente y proporcionar un tiempo estimado de liberación.
● Detener inmediatamente las transferencias a la custodia de inmigración. Detener todas las transferencias voluntarias a las autoridades federales de inmigración, a menos que sea de conformidad con una orden judicial o de otro modo requerido por la ley. Esto incluye transferencias de custodia y cada vez que el Sheriff entrega a alguien a las autoridades de inmigración en áreas no públicas de sus instalaciones o facilita el arresto de esa persona.
● Desarrollar planes para abordar el virus en una instalación lo antes posible. Tener un plan apropiado basado en evidencia puede ayudar a prevenir un brote y minimizar su impacto si ocurre.
● Liberar a los jóvenes bajo custodia. Apoyamos las recomendaciones emitidas por el Centro de Defensa Juvenil del Pacífico para liberar a todos los jóvenes bajo custodia, que incluyen:
● Los jóvenes que presentan poca o ninguna amenaza a la seguridad pública deben ser liberados de inmediato.
- Liberación inmediata de todos los jóvenes prejudicados.
- Liberación inmediata de todos los jóvenes posteriores a la adjudicación detenidos por infracciones técnicas de libertad condicional.
- Para los jóvenes bajo custodia en espera de colocación residencial, liberación inmediata ya sea a un miembro de la familia, un hogar grupal residencial o un entorno diferente sin custodia.
- Suspender la detención por nuevos arrestos en casos de bajo nivel, incluidos todos los delitos menores y delitos no violentos.
- Todas las agencias de detención deben citar y liberar a todos los jóvenes que son elegibles en lugar de reservarlos y potencialmente introducir COVID-19 en los centros de detención juvenil.
Si hay jóvenes que permanecen bajo custodia, recomendamos:
● Actualizaciones públicas diarias para ofrecer una transparencia total de los pasos tomados para controlar la salud, incluidos controles y pruebas de salud para aquellos que muestran síntomas.
● Para aquellos que deben estar aislados, un tratamiento que coincida con las mejores prácticas de atención informada sobre el trauma y una total transparencia con respecto a estos pasos.
● Rechazar los cargos penales siempre que sea posible y diríjase a las soluciones de la Agencia de Atención Médica, la comunidad y los tribunales civiles con fecha de devolución seis meses después de la fecha del supuesto incidente. Para los cargos no rechazados, reduzca la mayor cantidad posible a citaciones o cargos sin orden de arresto, sin fecha de devolución, seis meses después de la fecha del supuesto incidente.
● Liberar a todos los adultos médicamente frágiles y adultos mayores de 55 años en interés de la justicia, de conformidad con la Sección 1170 (d) (1) del Código Penal.
● Liberar de inmediato a cualquier persona dentro de los seis meses posteriores a la finalización de su condena y a todas las personas acusadas de un delito que no implique un riesgo grave de seguridad física para la comunidad en interés de la justicia, de conformidad con la Sección 1170 (d) (1) del Código Penal. Esto incluye violaciones técnicas de libertad condicional o libertad condicional, independientemente del delito subyacente.
● Implementar inmediatamente una política previa al juicio que requiera que todos los fiscales aboguen por la liberación previa al juicio de todas las personas, a menos que exista evidencia clara de que la liberación presentaría un riesgo irrazonable para la seguridad física de la comunidad.
